La Secretaría de Trabajo del Chubut dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles en el conflicto entre Conarpesa y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación. La resolución ordenó retrotraer la situación al estado anterior a los 39 despidos con causa y convocó a una primera audiencia para este miércoles 22 de julio, a las 10, en Puerto Madryn.
La medida, firmada por el secretario de Trabajo, Nicolás Zárate, rige desde las 00:00 del lunes 20 de julio. El procedimiento obliga al STIA a suspender las medidas de fuerza y requiere al sector empresario que deje en suspenso los despidos, sanciones o decisiones disciplinarias relacionadas con el conflicto.
La convocatoria incluye al STIA y a representantes de Conarpesa, Agropez y WOFCO, compañía española que posee una participación del 45% en el grupo pesquero.
La intervención laboral abrió una instancia de negociación después de una secuencia iniciada por 85 trabajadores efectivos discontinuos pendientes de convocatoria, agravada por una protesta dentro de las oficinas de la planta y seguida por los telegramas de cesantía y la presentación judicial.
El origen: 85 trabajadores fuera de actividad
El núcleo del conflicto se formó alrededor de los 85 operarios de temporada de la planta de Puerto Madryn. El STIA sostiene que muchos acumulan entre 12 y 17 años de antigüedad y mantienen una relación laboral efectiva de carácter discontinuo, bajo la cual son convocados durante los períodos de procesamiento.
La temporada de langostino en aguas nacionales había comenzado el 15 de abril, cuando el Consejo Federal Pesquero habilitó la captura fuera de la Zona de Veda Permanente de Juveniles de Merluza. A fines de mayo, después de las prospecciones, la actividad se extendió dentro del área protegida y aumentó el volumen disponible para las plantas terrestres.
Mientras otros establecimientos comenzaron a incorporar personal, los trabajadores de Conarpesa permanecieron a la espera. El gremio denunció que buques de la compañía capturaban langostino y enviaban la materia prima hacia Caleta Paula, donde era procesada en una planta santacruceña operada por otra firma.
Conarpesa atribuyó la demora a las obras de mantenimiento y modernización del establecimiento de Puerto Madryn. En mayo, la compañía había anunciado un plan de inversiones superior a 8 millones de dólares en Chubut, con ampliaciones industriales, infraestructura energética y el objetivo de elevar su dotación provincial desde 2.050 hasta 2.500 trabajadores.
Las obras buscan aumentar la capacidad diaria de la planta desde unos 5.000 hasta 7.000 u 8.000 cajones. El presidente de Conarpesa, Fernando Álvarez Castellano, afirmó el 25 de junio que la reapertura estaba prevista para el 1° de agosto. También confirmó que dos fresqueros entregaban sus capturas en Caleta Paula por razones de costos y compromisos comerciales.
Procesamiento a bordo y empleo en tierra
El conflicto laboral estuvo precedido por otra diferencia entre Conarpesa y el STIA. El 12 de mayo, la empresa solicitó al Consejo Federal Pesquero elevar del 36% al 50% el porcentaje permitido de producción de colas de langostino a bordo de los tangoneros congeladores.
El sindicato pidió rechazar la propuesta por considerar que una mayor elaboración en los buques podía reducir el volumen destinado a las plantas y afectar el trabajo en tierra. Conarpesa respondió que las colas congeladas a bordo abastecen mercados diferentes y que la medida mejoraría la ecuación comercial de la flota.
El CFP aprobó el cambio mediante la Resolución 7/2026, que habilitó transitoriamente hasta un 50% de colas por marea durante la temporada. La medida se encuentra sujeta al seguimiento técnico del INIDEP y puede ser revisada según sus resultados.
Ese debate profundizó el enfrentamiento público entre Álvarez Castellano y el secretario general del STIA, Luis Núñez. Las diferencias sobre el esquema productivo quedaron atravesadas por acusaciones personales que reaparecieron posteriormente en la discusión por los trabajadores discontinuos.
Dos fechas para una misma convocatoria
El 24 de junio, el STIA inició una protesta frente a la planta para exigir el ingreso de los 85 operarios. La intervención de la Secretaría de Trabajo derivó en una audiencia y una inspección del establecimiento.
Según el sindicato, el representante empresarial Armando García firmó un acta que establecía el 15 de julio como fecha para dar de alta al personal. El gremio afirma que ese compromiso fue homologado por la autoridad laboral. Conarpesa mantuvo públicamente el 1° de agosto como fecha estimada de reapertura.
La diferencia entre ambas fechas se convirtió en el punto central del conflicto, el representante de la compañía habría asumido un compromiso para el 15 de julio, -siempre según versiones del gremio -, mientras su presidente sostenía que las obras requerían dos semanas adicionales.
Llegado el día señalado por el STIA, los trabajadores continuaron sin alta. El sindicato se presentó en la planta para reclamar el cumplimiento del acta y un grupo ingresó al sector administrativo sin autorización de acceso.
El ingreso a las oficinas abrió la causa penal
La forma en que ocurrió ese ingreso concentra las versiones enfrentadas. Conarpesa afirma que 40 o más personas aprovecharon la apertura del portón durante el acceso de un vehículo, ingresaron sin autorización y adoptaron conductas intimidatorias frente al personal administrativo. La empresa aseguró que la Policía intervino para facilitar la evacuación de las oficinas.
Los trabajadores y el STIA sostienen que el ingreso fue pacífico, que un gerente los recibió para mantener una conversación y que existen registros audiovisuales de lo ocurrido. La investigación deberá establecer la secuencia mediante las grabaciones, las cámaras internas y los testimonios de quienes se encontraban en el establecimiento.
Después del episodio, Álvarez Castellano ordenó retirar al personal administrativo y dispuso que los tangoneros Conarpesa I y Don Juan Álvarez descargaran en Caleta Paula, Santa Cruz; (ambos buques tangoneros con permisos de pesca nacional, capturando langostino en aguas bajo esa misma jurisdicción). La captura, descarga y elaboración vinculadas con esos buques fueron trasladadas hacia Santa Cruz.
Al día siguiente, una reunión entre las partes terminó sin acuerdo. Los trabajadores realizaron una protesta en el acceso al Parque Industrial Pesquero y anunciaron una movilización hacia la Municipalidad de Puerto Madryn. La circulación registró demoras, con paso habilitado para vehículos y camiones.
Los telegramas y la denuncia penal
El sábado 18 de julio, 39 de los 85 trabajadores recibieron telegramas de despido con causa. Conarpesa les atribuyó haber participado en la ocupación de las oficinas, intimidado al personal y provocado la interrupción de las tareas.
Las notificaciones calificaron esa conducta como una injuria laboral de gravedad suficiente para extinguir el vínculo por responsabilidad de los empleados.
Los despedidos rechazaron las causales y afirmaron que la selección fue arbitraria. También señalaron que dentro de las oficinas había más de 60 manifestantes y que algunos de los cesanteados tuvieron una participación diferente de la descripta por la empresa.
En paralelo, Conarpesa impulsó una denuncia penal y el lunes 20 de julio presentó una ampliación ante el Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn. La investigación tramita bajo el Caso N.º 99.766.
La compañía aportó una nómina de presuntos participantes, material audiovisual y testigos pertenecientes al personal jerárquico y administrativo. La presentación identifica además a los dirigentes gremiales José Díaz, Óscar Hughes y Osvaldo González como representantes del grupo que ingresó a las dependencias.
Un conflicto con antecedentes
La relación entre Conarpesa y el STIA registra un antecedente directo en febrero de 2024. Una medida gremial y de estiba interrumpió el procesamiento en Puerto Madryn y, según la empresa, dejó 60 toneladas de langostino sin elaborar que terminaron descartadas.
Conarpesa cerró anticipadamente aquella temporada y evaluó trasladar la producción hacia Rawson. La mediación del intendente Gustavo Sastre permitió mantener la actividad de la compañía en Puerto Madryn.
Durante 2025, la caída de los precios internacionales y la discusión sobre los costos salariales volvieron a endurecer la relación entre la empresa y los gremios. Álvarez Castellano anticipó entonces que una temporada paralizada trasladaría pérdidas hacia las plantas y sus trabajadores.
La secuencia actual incorporó una dimensión judicial: 39 vínculos laborales quedaron alcanzados por despidos con causa y una investigación penal permanece abierta.
La conciliación obligatoria suspendió la ruptura durante 15 días hábiles. La audiencia deberá definir el cumplimiento efectivo de la retroacción, la situación de los 39 despedidos, la convocatoria de los 85 trabajadores y una fecha verificable para la reapertura de la planta de Puerto Madryn.
La Fiscalía, por separado, analizará las responsabilidades individuales por lo ocurrido el 15 de julio. Mientras avanzan ambos expedientes, la materia prima de Conarpesa sostiene actividad en Santa Cruz y los trabajadores discontinuos continúan a la espera de una definición laboral en Chubut.
