La comparación entre desembarques y recaudación del FO.NA.PE. deja una lectura concreta para la política pesquera. En el tramo comparable de 2026 se descargó más pescado y marisco que en 2025, pero el Fondo Nacional Pesquero recaudó bastante menos. El dato ordena una discusión que suele quedar dispersa entre actas, planillas oficiales y resoluciones administrativas.
Según las estadísticas oficiales de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, con un datos irrefutables de la Dirección de Planificación Pesquera; los desembarques de capturas marítimas totales acumularon 462.839,1 toneladas entre el 1 de enero y el 23 de junio de 2026. Para 2025, la misma serie oficial informa 449.802,2 toneladas entre enero y junio completo, tomando la suma mensual de ese período. La diferencia marca 13.036,9 toneladas más descargadas en 2026, equivalente a una suba de 2,9%. Las cifras oficiales de desembarques están sujetas a validación permanente, según aclara la propia autoridad estadística pesquera.
El movimiento financiero fue en sentido inverso. Según lo informado por el Consejo Federal Pesquero en el Acta CFP N° 17/2026 en torno a la recaudación del FO.NA.PE. al 18 de junio de 2026 ascendía a $19.830.781.905,91, de los cuales $612.707.950,82 corresponden al embarque de inspectores. En el Acta CFP N° 19/2025, con corte al 27 de junio de 2025, el fondo había reunido $26.804.746.430,96, incluidos $534.954.580,74 por embarque de inspectores.
El resultado es directo, incluso sin aplicar revalúos como consecuencia de la inflación de un año exacto. Con un volumen desembarcado mayor en el tramo comparable, el FO.NA.PE. recaudó $6.973.964.525,05 menos que en 2025. La baja nominal fue de 26,02%. Si se excluye el concepto de inspectores embarcados, la recaudación operativa del fondo pasó de $26.269.791.850,22 a $19.218.073.955,09, con una caída de $7.051.717.895,13, equivalente a 26,84%. Ese diferencial, fue el transferido del fondo público directo a la actividad privada pesquera en modalidad fresquera.
Por otro lado, en materia de Tipo de Cambio, según los Informes de Coyuntura de la Dirección de Planificación y Gestión de Pesquerías, el Tipo de Cambio Nominal Promedio Mensual publicado para enero-junio de 2025 promedió $1.103,59. Para 2026, con información oficial disponible hasta mayo, el promedio enero-mayo alcanzó $1.406,80. En la comparación homogénea enero-mayo, el tipo de cambio promedio pasó de $1.088,03 en 2025 a $1.406,80 en 2026, una suba del 29,30%.
El cociente agregado entre recaudación y tonelada desembarcada también muestra el cambio de carga financiera. En 2025, el FO.NA.PE. reunió aproximadamente $59.592 por tonelada desembarcada en el período tomado como referencia. En 2026, ese indicador bajó a $42.846 por tonelada. La reducción fue de 28,1% en términos nominales. Ese cálculo funciona como señal macro del alivio aplicado sobre la actividad, aunque la liquidación concreta depende de especie, régimen, flota, puerto, permisos y conceptos alcanzados.
El dato adquiere mayor relevancia por el momento económico de la flota fresquera costera y de altura, con especial impacto operativo en Mar del Plata y en particular en el sector merlucero y del variado costero. La actividad descargó más volumen, pero el sistema público pesquero cobró menos. Esa diferencia expresa una decisión administrativa con efecto sectorial concreto. El fondo dejó de percibir casi $7.000 millones o su equivalente en moneda constante de US$4,9 millones, frente al corte de 2025, y ese monto quedó del lado de las empresas, buques, plantas y cadenas operativas alcanzadas por el esquema de alivio.
La Resolución CFP N° 3/2026, publicada en el Boletín Oficial, ya había dejado expuesto el fundamento de esa política. El texto señaló la situación atravesada por el sector fresquero de la flota pesquera nacional, la necesidad de otorgar mayor competitividad y la adopción de medidas transitorias respecto del Derecho Único de Extracción. La misma resolución incorporó una reducción temporal del 50% en el Derecho de Transferencia de CITC de merluza común para buques con habilitación exclusiva como fresqueros.
El cruce entre volumen físico y recaudación pública permite medir el alcance de esa asistencia. La administración nacional y las provincias con asiento en el Consejo resignaron ingreso dentro del propio sistema pesquero. Ese esfuerzo afecta fondos que luego financian investigación del INIDEP, patrullaje y control, autoridad de aplicación, funcionamiento del CFP, capacitación y distribución jurisdiccional. La decisión tuvo costo institucional, presupuestario y federal y una transferencia directa al sector como consecuencia de aplicar menor tributo por DUE y otros gravámenes.
La lectura sectorial es precisa. El alivio aplicado sobre derechos y conceptos vinculados al régimen pesquero acompañó a una actividad que enfrenta costos internos elevados, financiamiento comercial restringido, precios internacionales de productos marinos con escaso margen de actualización y una rentabilidad especialmente comprometida en el segmento fresquero. La administración intervino sobre las variables bajo su competencia. El precio externo, el costo financiero, el tipo de cambio, el combustible, los insumos, la estructura laboral, la logística y la demanda internacional pertenecen a un tablero más amplio que no dependen de la cartera de Pesca Nación.
Los números documentan la intervención. En 2026 hubo mayor volumen descargado y menor recaudación efectiva; allí aparece el dato político y económico de fondo: la “gestión Cazorla”, desde la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación, operó como articulador entre la actividad fresquera —con epicentro en Mar del Plata—, la mesa del Consejo Federal Pesquero, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Ministerio de Economía.
La diferencia entre ambos ejercicios expresa una decisión concreta: el Estado nacional absorbió parte del ajuste para moderar el impacto sobre la flota, las plantas, el trabajo portuario y el empleo industrial asociado. El respaldo surge de fuentes oficiales, se verifica en las actas del CFP y encuentra correlato en las estadísticas de desembarques. La evidencia está a la vista, más captura, menor presión fiscal y una administración que eligió aliviar al sector en uno de sus tramos económicos más complejos, principalmente por variables ajenas a la órbita de su cartera.
