Santa Cruz fijó una posición formal ante la eventual cuotificación del langostino en aguas nacionales y reclamó una cuota social de 50.000 toneladas, bajo administración provincial, como reconocimiento al aporte realizado durante ocho años con el cierre del Golfo San Jorge para la pesca de la especie; (recordemos, hoy tiene una reserva social que pasó de 3000 toneladas a 4500 toneladas actuales).
El planteo introduce un elemento de peso en una discusión concentrada hasta ahora en dos criterios principales, los permisos vigentes y el historial reciente de capturas. La provincia busca que el futuro régimen incorpore una tercera variable, el esfuerzo de conservación territorial realizado sobre una de las principales áreas reproductivas y de cría del langostino argentino.
La Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, sostuvo que la cuotificación puede convertirse en una herramienta positiva para ordenar la actividad, siempre que el diseño final asegure previsibilidad, reglas claras, criterios objetivos y participación federal.
El punto central está en el criterio de asignación. Santa Cruz planteó que el reparto de cuotas debe ir más allá de la estadística de capturas y contemplar conservación del recurso, generación de empleo, procesamiento industrial, inversiones, desarrollo regional, arraigo territorial y cumplimiento normativo.
La posición provincial se apoya en el cierre del Golfo San Jorge, una decisión que restringió actividad propia durante ocho años y que, según el argumento oficial, permitió proteger una zona determinante para la reproducción y el reclutamiento del langostino. Desde esa lectura, el beneficio alcanzó a toda la pesquería nacional y el costo territorial quedó concentrado en Santa Cruz.
Por eso, el reclamo de una cuota social de 50.000 toneladas aparece como una compensación pesquera, productiva y económica. La provincia pretende que ese volumen sea utilizado como herramienta para promover descargas en puertos santacruceños, empleo local, procesamiento industrial y fortalecimiento de economías regionales.
El secretario de Estado de Pesca y Acuicultura, Sergio Klimenko, sostuvo que el gobernador Claudio Vidal y la ministra Nadia Ricci instruyeron defender el aporte santacruceño en la discusión nacional. El funcionario remarcó que durante ocho años la provincia sostuvo el cierre del Golfo San Jorge y protegió un área reproductiva clave del langostino argentino.
Ricci, por su parte, afirmó que Santa Cruz “no pide un privilegio” sino el reconocimiento de una política de conservación que tuvo impacto directo sobre la provincia. En términos sectoriales, el mensaje busca transformar una restricción histórica en un derecho de participación futura dentro del esquema de administración del recurso.
La discusión adquiere relevancia porque el langostino es hoy la especie de mayor impacto económico para la pesca argentina. La definición de cuotas puede ordenar esfuerzo, inversión, previsibilidad operativa y planificación comercial, aunque también abre una puja intensa entre provincias, flotas, cámaras, plantas, puertos y permisos con intereses propios sobre el mismo recurso.
Santa Cruz intenta incorporar otro principio, quien resignó explotación para conservar el caladero también debe tener reconocimiento en el reparto. Ese razonamiento puede tener efecto expansivo sobre toda la mesa pesquera, porque cada zona cerrada, cada restricción operativa y cada decisión de manejo produjo costos diferenciados entre jurisdicciones, flotas y permisos.
Opinión sobre solicitudes
Si bien el pluralismo de intereses y propuestas constituye el verdadero equilibrio de una nueva norma; el punto crítico aparece cuando cada antecedente técnico empieza a transformarse en una pretensión compensatoria propia. Haber, hay cantidad de razones que justifiquen el pedido de cada participante del sector, al margen de haber sido Santa Cruz la primera en evidenciarlo. Sin ánimo crítico puntual, aunque sirve de ejemplo, si Santa Cruz reclama una cuota social por el cierre del Golfo San Jorge, también podría abrirse la puerta para que otros actores invoquen costos históricos, restricciones operativas o aportes indirectos al manejo del recurso.
Chubut, por incidencia territorial, o incluso la provincia de Buenos Aires, por representatividad y por el peso mayoritario de la flota tangonera que opera en aguas nacionales, podrían plantear un resarcimiento bajo una lógica similar. El AIER nació asociado a la protección de merluza común, pero en la zafra de langostino en aguas nacionales funcionó desde más de un lustro, como una capa de amortiguación sobre el ingreso del recurso hacia aguas provinciales de Chubut.
Algo similar ocurrió con el denominado “martillo”, desde el 2020, ubicado al noroeste de la subárea 6, utilizado como herramienta de resguardo operativo dentro del esquema de administración, principalmente para la flota artesanal de Chubut, en sus inicios. Ahora bien, si cada restricción, cierre, zona buffer o resignación de esfuerzo se transforma en un derecho a reclamar toneladas, la cuotificación del langostino corre el riesgo de dejar de ser un instrumento biológico, científico y económico para convertirse en una puja política por apropiación de recurso.
Allí se juega el verdadero sentido del debate, ordenar el caladero con criterios verificables, sostenibilidad del recurso y sustentabilidad económica del sector, o habilitar una disputa donde cada jurisdicción, flota o permiso busque capturar una porción mayor bajo el argumento de haber contribuido, directa o indirectamente, a la conservación del langostino.
Ahí aparece el riesgo de fondo. Un régimen concebido para ordenar el esfuerzo, proteger el recurso y dar previsibilidad a la actividad después de años de haber demostrado administración y conocimiento técnico biológico científico por parte del INIDEP, el CFP y el aporte al esfuerzo privado cediendo para la eficiencia de todos los participantes, puede quedar condicionado por demandas territoriales acumuladas, compensaciones cruzadas y presiones sectoriales. La consecuencia sería alterar el verdadero espíritu de la cuotificación, administrar con base científica, asegurar sostenibilidad del caladero y sostener la sustentabilidad económica de la cadena.
Santa Cruz instala una discusión que el Consejo Federal Pesquero deberá procesar con precisión técnica y lectura federal. La conservación tiene costo económico, y ese costo, cuando fue asumido por una jurisdicción durante años, empieza a reclamar traducción concreta en toneladas, empleo, puerto e industria.
El próximo paso será verificar cómo se incorpora este planteo en la mesa nacional. La búsqueda de consensos aparece como condición central para que la cuotificación del langostino preserve su finalidad original, ordenar el recurso, sostener el caladero y evitar que un esquema biológico con años de estudio y conocimiento científico fehaciente derive en una disputa distributiva sobre el principal recurso exportador de la pesca argentina.
